Los podólogos rechazan que sus servicios sanitarios estén gravados con un IVA del 21%
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos entiende que esta medida agrede a un sector calificado como “esencial” por el propio Gobierno e incentiva la economía sumergida
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP), que representa a 7.500 podólogos de toda España, rechaza la propuesta de reforma fiscal del Gobierno aparecida en medios, según la cual los servicios de podología pasan de estar exentos de IVA a tributar al 21%. Según el secretario general del Consejo General de Colegios de Podólogos, Juan Dios, “esta medida agrede a un sector calificado como esencial por el propio Gobierno durante la actual pandemia e incentiva la economía sumergida”.
El CGCOP cree que esa modificación impositiva es una medida regresiva y antisocial y pide al Ejecutivo central transparencia en cuanto a sus planes y diálogo con los implicados: los podólogos y el resto de los profesionales sanitarios privados. El Gobierno de la Nación incurre en una doble agresión al Estado de Bienestar: por un lado, no atiende desde la sanidad pública las patologías del pie y, por otro, ahuyenta a los pacientes de las consultas podológicas privadas.
Los servicios podológicos son muy sensibles a cualquier variación en el precio, ya que no son considerados por la ciudadanía servicios “de primera necesidad”: los pacientes, en su mayoría, solo acuden cuando el problema es una realidad y no de forma preventiva. Esta medida, por tanto, hace a las consultas podológicas menos rentables pero, sobre todo, perjudica a la salud de los pacientes, que tendrá su reflejo a medio plazo en el desarrollo de problemas mayores de salud, lo que terminará representando una carga más para los centros de salud y los hospitales públicos y para las arcas del estado.
La profesión podológica ya sufre las consecuencias de un intrusismo al que la Administración no pone coto con más inspección y sanciones más altas, padece los bajos precios que pagan las aseguradoras, y sufre la crisis provocada por la pandemia. Si a estos daños se suma esta reforma fiscal abusiva, muchas consultas pasarán por muchas dificultades y algunas tendrán que cerrar, lo que supone un perjuicio más para los pacientes.
El Consejo General de Colegios de Podólogos no se explica esta intención del Gobierno de minar el Estado del Bienestar y a un sector económico en una situación como la actual, cuando los podólogos han dado muestras sobradas de generosidad, poniéndose al servicio del sistema público desde el comienzo de la pandemia, pese a ser ignorados por el propio sistema.
Un sector con peso económico
El Consejo de Colegios de Podólogos reclama a la Administración central que explique con claridad el alcance de una decisión que hace menos competitivo a un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia y que tiene un peso importante en la economía y una vocación de servicio público en cuanto a las prestaciones.
La sanidad supone un 9% del Producto Interior Bruto (PIB) y, concretamente la privada, tiene un peso del 30%. Por tanto, esta decisión está afectando a un sector que representa al 2,7% del PIB del país.
En España hay 8,7 millones de personas con un seguro de salud privado. El sistema dual español, público/privado, supone un ahorro para las arcas públicas de casi 20.000 millones de euros, ya que el gasto medio por español en la sanidad pública es de 2.200 euros, cifra muy inferior al coste de su atención en el ámbito privado. La subida del IVA al 21% a la sanidad privada supondrá una subida directa en el precio de los seguros de salud, lo que significará una caída directa de las pólizas privadas y un trasvase de esta carga al sistema público. Una hipotética caída del 25% en el sector sanitario privado supondría, según el CGCOP, unos 5.000 millones para el erario público, al incrementarse el número de pacientes que acudirían a la sanidad. Esta cifra es el triple de lo que se prevé recaudar con esta contrarreforma fiscal: 1.763 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya prevé un coste para las arcas públicas de 2.145 millones, cifra ya superior a los ingresos previstos a la que hay que sumar la caída en el sector de seguros de salud.
La medida tampoco tiene explicación desde la perspectiva europea y del derecho comparado. Todos los países de la eurozona mantienen la exención de los servicios sanitarios privados.
Por todo ello, el CGCOP rechaza de plano esta medida de gravar con el IVA del 21% a los servicios de podología.
